El suicidio dejó de ser una problemática que puede explicarse únicamente desde lo individual. En Argentina, el aumento de las muertes, la precarización laboral y las dificultades para acceder a la atención médica exponen el impacto de la crisis económica sobre la salud mental.
En 2025, 5.209 personas murieron por suicidio en el país, un 22,6% más que en 2024. La tasa alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial. En paralelo, el desempleo llegó al 7,9% durante el segundo trimestre del año, en un contexto de cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Los especialistas advierten que la exclusión laboral, la caída de los ingresos y la falta de cobertura sanitaria pueden profundizar situaciones de vulnerabilidad. A esto se suman las deudas por apuestas online y créditos de alto costo, que afectan especialmente a los jóvenes.
El sistema de salud enfrenta una demanda creciente, mientras la inversión en salud mental permanece por debajo de lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental. Según los datos citados en el informe, se destina el 1,8% del gasto total en salud a esta área, frente al mínimo legal del 10%.
Frente a este escenario, el movimiento obrero puede cumplir un papel central en la prevención. Fortalecer las obras sociales sindicales, incorporar la salud mental a los convenios colectivos y capacitar a delegados para reconocer señales de alerta son algunas de las medidas propuestas.
La defensa del empleo digno también implica proteger la salud de quienes trabajan. Abordar el suicidio requiere políticas públicas sostenidas, acceso a tratamientos y espacios laborales donde pedir ayuda no sea motivo de estigma.
