El sindicato de los empleados de la Justicia federal reclama que se aplique una sanción efectiva de suspensión a Miguel Ceballos, secretario de DDHH del Juzgado federal N° 3, acorde a la gravedad de las conductas violentas demostradas durante una protesta de 2025. La denuncia fue recibida formalmente por la Secretaría de Superintendencia este 21 de octubre, abriendo un nuevo capítulo de tensión en los tribunales cordobeses.
En un escrito presentado en las últimas horas, Julio Piumato y Juan Pablo Tripputi, secretarios generales nacional y de la Regional 9 de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), reclamaron ante los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que “se dicte una urgente resolución expresa respecto del pedido de Nulidad del Acuerdo N° 166/2026, Recurso de Reconsideración y Recusación, todos interpuestos por esta entidad gremial con fecha 30 de junio de 2026”, referida a un caso de violencia laboral y discriminación que lleva más de 100 días paralizado y apunta directamente contra Miguel Ceballos, acusado de proferir insultos racistas a los trabajadores, y solicita apartar a una de las juezas por falta de imparcialidad.
En febrero pasado, en un Acuerdo Ordinario, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba había resuelto por mayoría iniciar un sumario administrativo para investigar si Miguel Ceballos, secretario de DDHH del Juzgado Federal N° 3, cometió algún tipo de irregularidad -incluyendo presuntos insultos o improperios- en medio de una protesta realizada a fines de julio de 2025 por parte de los trabajadores de la Justicia federal, contra el nombramiento de una funcionaria, por parte del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Ahora, tras casi cuatro meses de cajoneo, la Regional 9 de la UEJN visibiliza nuevamente el conflicto, porque “tras el sumario administrativo llevado a cabo por el doctor Miguel Villanueva; según el dictamen de la investigación, quedó plenamente acreditado que Ceballos agredió verbalmente al personal de los Tribunales federales que protestaban pacíficamente con frases sumamente violentas”, relató Tripputi a Mayo!.
A pesar de que el propio secretario de DDHH reconoció los hechos y el instructor sumariante Villanueva sugirió aplicarle una sanción, la Cámara Federal emitió una acordada que la UEJN consideró inaceptable; por lo que el 30 de junio pasado interpuso un pedido de nulidad y reconsideración, pero los camaristas no se expidieron: “Esto claramente es una denegación de Justicia”, reclamó el secretario general de la Regional 9, que comprende las provincias de Córdoba y La Rioja.
Tripputi señaló que “mantener el expediente pisado, cajoneado, no hace desaparecer el conflicto, sino que agrava el daño psicológico continuo que sufren los trabajadores”.
En el escrito presentado este miércoles por Tripputi y Piumato se da cuenta de los agravios proferidos por el secretario de DDHH del Juzgado Federal N° 3, donde figuran expresiones como «negros de mierda», «cobardes» y «cagones». Además, se constató que Ceballos estaba fuera de sí, filmando y tomando fotografías de manera intimidante con su teléfono celular a los manifestantes. El escrito girado a los camaristas Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres, Eduardo Avalos, Liliana Navarro Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo destaca que la violencia y la xenofobia violan tratados internacionales como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que no pueden justificarse como simples arrebatos del momento.
Los dirigentes de la UEJN también lanzaron una fuerte crítica a los camaristas por evitar el costo institucional de revisar sus propias decisiones y ampararse en el silencio administrativo. Para Piumato y Tripputi la postura de la Cámara Federal consagra la impunidad dentro de los Tribunales Federales de Córdoba. El texto cierra con una contundente advertencia que interpela a toda la sociedad: «Si no hay justicia para los que trabajamos en la justicia, ¿qué puede esperar el ciudadano común?».
Finalmente, la UEJN solicitó formalmente la recusación de la camarista Liliana Navarro, alegando que existe un “resentimiento notorio” hacia el gremio, que le impide actuar con la imparcialidad necesaria.
