La quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre en Córdoba, quedó bajo cuestionamiento tras las denuncias de sectores de izquierda contra integrantes de la Gremial San Martín, a quienes acusaron de impedir la lectura de un documento estudiantil y golpear a manifestantes.
Según los denunciantes, los jóvenes buscaban reclamar un plan de lucha frente al ajuste presupuestario y las políticas del Gobierno nacional. También señalaron presuntas agresiones contra mujeres y cuestionaron la actuación de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), encabezadas por el rector Jhon Boretto, por una supuesta falta de intervención.
La movilización tuvo como eje el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes, y la revisión de los fondos previstos para las casas de estudio en el proyecto de Presupuesto 2027.
La convocatoria fue organizada por una comisión integrada por autoridades de la UNC, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba, la Asociación Gremial General José de San Martín y la Federación Universitaria de Córdoba.
El episodio se produjo en un contexto de asambleas, tomas y vigilias impulsadas por estudiantes de distintas facultades, que reclaman mayores partidas presupuestarias, mejoras salariales y becas. La intención de presentar un documento propio apuntaba a promover nuevas medidas de protesta.
Las acusaciones abrieron un debate sobre la participación de los distintos sectores universitarios durante los actos públicos. Sin embargo, las presuntas agresiones y las responsabilidades señaladas aún requieren corroboración independiente.
