La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó al Gobierno de Javier Milei por recurrir a un crédito de hasta US$ 300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de transformación de la administración pública, que contempla retiros voluntarios y una reducción de la planta estatal.
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, denunció que la iniciativa encubre despidos y puso en duda la legalidad del endeudamiento. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos”, sostuvo. También afirmó que la operación debería contar con aprobación del Congreso.
El Decreto 1177/2026 habilitó la gestión del financiamiento, que constituye el primer tramo de una línea crediticia de hasta US$ 800 millones. Según los datos difundidos, el préstamo prevé desembolsos durante cuatro años, una devolución a 25 años y un período inicial de cinco años y medio sin amortización de capital. Los intereses estarán vinculados a la tasa SOFR más el margen aplicado por el organismo.
Por su parte, el régimen de retiros voluntarios, establecido mediante el Decreto 1203/2026, alcanza a personal de planta permanente y a determinados trabajadores contratados de la Administración Pública Nacional. Según ATE, la medida podría involucrar a 21.187 empleados.
Quienes adhieran no podrán reincorporarse al Sector Público Nacional durante ocho años. Además, las partidas presupuestarias de los puestos vacantes deberán eliminarse. El sindicato también cuestionó las condiciones impuestas a trabajadores con representación gremial.
ATE sostiene que el plan forma parte de una política de reducción del empleo público y advirtió sobre sus efectos en el funcionamiento de los organismos.
En rechazo a la iniciativa, Aguiar convocó a una movilización para este miércoles 21 de octubre, a las 17, frente a la Quinta de Olivos. La protesta incluirá reclamos por despidos, salarios, paritarias y cierre de dependencias estatales.
