A seis meses de su entrada en vigor, la Ley de Modernización Laboral continúa vigente, mientras la Justicia aún no define si el conjunto de la reforma se ajusta a la Constitución. El planteo presentado por la CGT tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de Macarena Marra Giménez.
La central sindical cuestionó distintos cambios por considerar que afectan derechos laborales y sindicales. En marzo había obtenido una cautelar que suspendió 81 artículos, pero luego el expediente pasó del fuero laboral al Contencioso Administrativo Federal. En mayo, la jueza levantó esa medida, decisión que posteriormente fue ratificada por la Cámara.
Según la CGT, la causa tramita como juicio sumarísimo y estaría próxima a quedar en condiciones de recibir una sentencia. En paralelo, la incorporación de la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina al expediente abrió otra discusión sobre quiénes deben intervenir en el proceso.
Mientras tanto, distintos tribunales comenzaron a revisar disposiciones específicas. Uno de los principales focos está en el artículo 55, que modifica el mecanismo de actualización de créditos laborales. Algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo lo declararon inconstitucional, mientras otras respaldaron su aplicación.
La controversia también llegó a Tucumán, donde la Justicia laboral cuestionó la norma por el impacto que podría generar sobre trabajadores que reclaman judicialmente salarios o indemnizaciones.
Un caso permite dimensionar la diferencia: una condena alcanzaba poco más de $9,4 millones con el mecanismo previsto por la reforma, frente a unos $13,6 millones bajo otro criterio de actualización.
Con la norma vigente y fallos contrapuestos, el alcance definitivo de la reforma todavía depende de la Justicia.
