El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió que la Policía Provincial quede a cargo del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, tras una protesta de trabajadores de Tránsito por salarios adeudados. La medida abrió una disputa con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), que denunció una intromisión en funciones del municipio.
El conflicto se desató durante el partido entre Talleres y Belgrano, cuando inspectores dejaron de prestar servicio. Según el mandatario, la interrupción puso en riesgo a miles de personas que asistieron a tres eventos masivos en la capital provincial. También afirmó que la intervención policial evitó consecuencias mayores.
Desde el gremio rechazaron esa interpretación y sostuvieron que la medida respondió a la falta de pago de ítems salariales durante cinco meses. Según indicaron, el personal acumulaba 150 días de reclamos sin obtener una solución y dejó de cubrir tareas de manera voluntaria.
La organización sindical cuestionó que el incumplimiento salarial se utilice como argumento para desplazar a empleados municipales de sus responsabilidades. Además, consideró inadmisible que la protesta derive en una decisión que afecta las competencias locales.
Por su parte, Llaryora defendió el cambio en el esquema de seguridad y aseguró que utilizará los recursos disponibles para garantizar el orden público. Aunque reconoció el derecho a manifestarse, advirtió que su ejercicio no debe comprometer la integridad de la población.
La disputa suma un componente institucional a un reclamo laboral que sigue sin resolverse. Mientras la Provincia prioriza la seguridad del evento religioso, el SUOEM exige el pago de los montos pendientes y cuestiona la intervención provincial en tareas municipales.
