La crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo judicial. Las seccionales de ATE Bahía Blanca y Punta Alta, junto al Consejo Directivo Provincial de ATE Buenos Aires, presentaron una acción de amparo colectivo con pedido de medida cautelar urgente contra el IOSFA y el Ministerio de Defensa, que encabeza Luis Petri, por la interrupción en la provisión de medicamentos y prestaciones médicas esenciales.
El reclamo busca garantizar el acceso inmediato a tratamientos oncológicos, para VIH, diabetes, insulina, atención hospitalaria y cuidados específicos para personas con discapacidad. Según el planteo judicial, la situación afecta a más de 60.000 afiliados en toda la provincia de Buenos Aires.
La presentación fue realizada por el Dr. Esteban Corrales, integrante del equipo jurídico de ATE bonaerense, y denuncia la “grave vulneración de derechos fundamentales” por parte de las autoridades. En el escrito, se solicita que la Justicia declare la ilegalidad de la conducta del IOSFA y del Ministerio de Defensa, al incumplir su deber de garantizar la cobertura médico-asistencial y farmacéutica a las y los trabajadores estatales.
Reclamo urgente por cobertura médica
ATE pidió que se ordene de forma inmediata la restitución integral de las prestaciones en todo el territorio bonaerense, hasta tanto se dicte sentencia definitiva. El gremio enfatizó que el corte en los suministros y la atención pone en riesgo la salud y la vida de personas en tratamientos crónicos o de alta complejidad.
Desde las seccionales afirmaron que la crisis sanitaria es consecuencia directa de la “irresponsabilidad del Ministerio de Defensa”, bajo cuya órbita funciona el IOSFA, al permitir la “parálisis de un sistema de salud que debía proteger a miles de familias trabajadoras”.
Alcance provincial del conflicto
Aunque la acción fue impulsada desde Bahía Blanca y Punta Alta, las deficiencias del IOSFA se replican en numerosas localidades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata, Tandil, Zárate y Azul, donde la falta de cobertura y medicamentos agrava la situación de los afiliados.
ATE advirtió que el deterioro del sistema requiere respuestas urgentes y efectivas del Estado nacional para garantizar el derecho a la salud y poner fin a una crisis que ya afecta a miles de trabajadores y trabajadoras.
