La crisis de Pauny, fabricante de tractores radicado en Las Varillas, Córdoba, escaló con la toma de sus instalaciones por parte de los trabajadores, respaldados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La medida responde a deudas salariales, incumplimientos previsionales e incertidumbre sobre la continuidad de la actividad.
Según denunció el gremio, la empresa adeuda dos quincenas, no deposita aportes jubilatorios ni fondos de obra social y acumula 146 cheques rechazados por más de $1.028 millones. Previamente, había reducido la jornada laboral a tres días semanales, con el pago del 70% de los haberes.
El conflicto afecta directamente a 450 familias. El delegado sindical Gabriel Bertola advirtió sobre trabajadores con alquileres atrasados, riesgo de desalojo y dificultades para cubrir necesidades básicas. También confirmó gestiones con el municipio y el Gobierno provincial para encontrar una salida que permita sostener la producción y los puestos laborales.
El gobernador Martín Llaryora vinculó el caso con el deterioro del entramado industrial y cuestionó la falta de una política de desarrollo productivo nacional. Además, alertó sobre el cierre de pymes y la pérdida de empleo registrado.
Los indicadores del sector reflejan el escenario. Durante el primer semestre, las ventas de tractores nacionales cayeron 37,2% interanual, mientras que las importaciones crecieron 28,1%. En septiembre, los patentamientos de Pauny retrocedieron 28%, frente a un avance del 136,9% en las marcas extranjeras.
La situación expone una contradicción para la economía argentina: mientras el agro genera divisas récord, los fabricantes locales de maquinaria enfrentan una mayor competencia externa y una contracción de la demanda. En Las Varillas, el desenlace de Pauny también compromete a proveedores, talleres y comercios vinculados con su actividad.
