Luego de tres semanas de protestas del SUOEM, la Municipalidad reabre la negociación salarial

El intendente Llaryora había incumplido un acuerdo firmado en octubre de 2022. Los trabajadores municipales habían lanzado un plan de lucha con asambleas y marchas al centro.

Tras tres semanas de protestas y asambleas, los trabajadores municipales lograron un acuerdo con el intendente Martín Llaryora y en las últimas horas se resolvió iniciar una nueva mesa de negociación para tratar la actualización salarial de los próximos meses.

El conflicto entre la patronal estatal a cargo del intendente Martín Llaryora y los 10 mil trabajadores nucleados en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) es de vieja data, de mayo de 2020, cuando en plena pandemia, el intendente asumido sólo cinco meses antes, recortó una hora de trabajo, modificando el Convenio Colectivo de Trabajo a través del Concejo Deliberante.

Luego, los conflictos siguieron y hace un año, en octubre de 2022 se acordó que “con la inflación producida en el mes de agosto de 2023 se debía recomponer el salario de octubre de 2023, y a su vez, pasar al básico en ese mismo mes. El pase al básico no se efectivizó por una decisión unilateral del Departamento Ejecutivo incumpliendo el acuerdo”, detalló a mayo!, Ariel Konig, secretario de Prensa y Difusión del SUOEM.

El dirigente municipal explicó que “lo acordado entre el gremio y las autoridades incluye el período que va desde el 1° de julio de 2022 hasta el 31 de octubre de 2023 y contempla la totalidad de la inflación producida en ese período de 15 meses e impacta sobre todos los ítems”.

El detalle del acuerdo

En la mesa de negociaciones entre la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM, como representante de los trabajadores se firmó el siguiente acuerdo sobre la actualización salarial por inflación:

-Inflación de julio 2022: retroactivo al 1° de septiembre, pagadero el 20 de octubre (remunerativo).

-Inflación de agosto 2022: sueldo de octubre (remunerativo).

-Inflación de septiembre 2022: sueldo de noviembre (remunerativo).

-Inflación de octubre 2022: el 13 de enero de 2023 con el refrigerio, retroactivo al 1° de diciembre (no remunerativo).

-Inflación de noviembre 2022: sueldo de enero 2023 (remunerativo).

-Inflación de diciembre 2022: sueldo de febrero 2023 (no remunerativo).

-Inflación de enero 2023: con el sueldo de marzo (remunerativo).

-Inflación de febrero: sueldo de abril (no remunerativo).

-Inflación de marzo: sueldo de mayo (remunerativo).

-Inflación de abril: sueldo de junio (no remunerativo).

-Inflación de mayo: sueldo de julio (remunerativo).

-Inflación de junio: sueldo de agosto (no remunerativo).

-Inflación de julio: sueldo de septiembre (remunerativo).

-Inflación de agosto: sueldo de octubre (no remunerativo).

-Inflación de septiembre: sueldo de noviembre (remunerativo).

-Inflación de octubre: sueldo de diciembre (no remunerativo).

Las partes, también acordaron hace un año que “si bien la mayor parte de los tramos recompuestos son remunerativos, los que no lo son, se harán remunerativos directamente al pasar al básico en abril, julio y octubre de 2022”; mientras que con el pago del aguinaldo “se incluyen todos los ítems del mejor sueldo del período. A su vez, en el sueldo de enero, se liquidará la diferencia del SAC correspondiente al salario de diciembre”.

En tanto que “con los salarios de octubre de 2022 se incrementarán las asignaciones familiares mismas con la inflación de enero 2022 a agosto 2022. En adelante, comenzarán a actualizarse automáticamente por inflación”.

Sin embargo, el intendente Llaryora rompió el acuerdo con el gremio tras haber logrado ganar la elección a gobernador en junio pasado y retener la Municipalidad de Córdoba un mes después con Daniel Passerini y el macrista Javier Pretto como los próximos intendente y vice desde el 10 de diciembre.

Más incumplimientos

Ariel Konig señaló a mayo! que “los delegados a través de asambleas en cada lugar de trabajo, resolvieron un plan de lucha para forzar al Ejecutivo a sentarse en una mesa de negociación salarial; ya que el segundo incumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo está relacionado con las tratativas que tuvimos luego de que se publicara la inflación de dos dígitos de agosto de este 2023. Cuando las bases aprobaron el acuerdo, los haberes de septiembre ya se habían abonado, se pagó el adelanto de la inflación en una planilla suplementaria el día 20 de octubre. El incumplimiento del acuerdo viene porque el Ejecutivo considera que lo que pagó en la planilla suplementaria era parte del salario de octubre y no de septiembre como estaba acordado, por lo que en los salarios de octubre descontó lo abonado unos días atrás”.

Luego de tres semanas de protestas que incluyeron masivas movilizaciones al centro y asambleas de dos horas, los delegados votaron abrir una nueva negociación con las autoridades municipales.

El huevo de la serpiente

A sólo cinco meses de asumir como intendente de la Capital, el ex intendente de San Francisco, Martín Llaryora comenzó su embestida contra los trabajadores. En plena pandemia por el Covid-19, el 7 de mayo de 2020, aniversario del nacimiento de Eva Perón, el intendente envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que modificó el Estatuto Laboral y la ordenanza de Remuneraciones del Personal Municipal, ajuste que implica un recorte en el salario básico de los trabajadores del 15% y redujo la jornada laboral de los municipales de siete a seis horas diarias. La Municipalidad de Córdoba ya les había recortado el 30% del sueldo a todos los empleados de servicios no esenciales  por el ítem Prolongación de Jornada.

El autor del proyecto que modificó el Estatuto Laboral fue el secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, Guillermo Acosta, un hombre formado por la cavallista Fundación Mediterránea, quien durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como subsecretario de Articulación Regional y Sectorial y director de Modernización Productiva del Ministerio de la Producción. También fue ministro de Industria de Córdoba durante el último gobierno de José de la Sota.

Una semana después de presentado el proyecto, el 14 de mayo de 2020, la ordenanza fue aprobada sólo por los 16 concejales del oficialismo, incluida la representante de Pueblo Peronista, Soledad Ferraro que responde al dirigente K, Martín Fresneda. La Policía reprimió al puñado de delegados y trabajadores municipales que reclamaron contra el recorte.

El entonces presidente del bloque oficialista Juan Pablo Viola, justificó el ajuste a los trabajadores: “Nuestra gente que no tiene para pagar impuestos, necesita que tomemos decisiones para que los servicios se sigan cumpliendo”.  El recorte salarial, según analizó hace tres años y medio la Secretaría de Economía municipal, significará un ahorro de “entre 150 y 160 millones de pesos”.

El viceintendente Daniel Passerini también avaló el ajuste: “Si no hacemos esto no hay forma de afrontar el pago de sueldos”, les dijo a los medios cordobeses. Y avanzó: “Hacemos esfuerzos para que esas consecuencias impacten lo menos posible en los sectores vulnerables, pero cada vez son más y eso impacta en la recaudación provincial y municipal. El municipio se nutre de las tasas y de lo que recibe de coparticipación y en abril la actividad fue nula y eso genera dificultad para pagar mayo”.

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