La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo con la renuncia del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, designado para conducir la liquidación del organismo. Su salida ocurrió tras una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en medio de diferencias sobre los plazos de la transformación hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
El pasivo acumulado con prestadores y proveedores ronda los $213.000 millones. Mientras la OSFA comenzó a recibir los aportes de los afiliados, el IOSFA residual conserva las obligaciones pendientes y continúa sosteniendo parte de la atención sanitaria.
El esquema fue establecido mediante el DNU 88/2026, que dispuso la disolución del instituto y la creación de la nueva entidad. Sin embargo, la transición mantiene puntos sin resolver. Entre ellos, la continuidad de las prestaciones y el papel de la estructura residual después del 30 de septiembre.
El conflicto también alcanza al personal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que unos 600 puestos están en riesgo y cuestiona el cierre o transferencia de hoteles, recreos, farmacias, centros médicos y delegaciones. El sindicato también denunció presuntas irregularidades durante la gestión anterior, aunque sus acusaciones y estimaciones sobre el pasivo difieren de las cifras difundidas por fuentes periodísticas.
Los afiliados enfrentan otra consecuencia: interrupciones y demoras en servicios por falta de pago a prestadores. En Río Cuarto, por ejemplo, proveedores suspendieron la atención a más de 3.000 beneficiarios ante una deuda superior a $700 millones.
Con Guzmán fuera de la conducción, el Gobierno debe definir quién administrará la liquidación, cómo afrontará el pasivo y qué mecanismo garantizará la cobertura durante el traspaso hacia OSFA.
