La difusión de los datos del INDEC sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024, que mostraron una fuerte baja en ambos indicadores, generó cuestionamientos tanto desde ámbitos académicos como sindicales. La Universidad Católica Argentina (UCA) y la Junta Interna de ATE en el organismo coincidieron en señalar inconsistencias metodológicas y en advertir sobre el uso político de las estadísticas.
Desde la UCA, el informe oficial fue calificado como “un descenso sobrerrepresentado de la pobreza en Argentina”. Si bien reconocen que existe una caída real, advirtieron que su magnitud no refleja con precisión la situación efectiva de los hogares. Para los investigadores, el fenómeno se explica en parte por el contexto de alta volatilidad económica, donde la medición por ingresos pierde precisión, y por la persistente desactualización de las canastas básicas utilizadas desde 2004-2005.
El centro académico subrayó que en 2024 se produjo un escenario de fuerte recomposición de tarifas y precios regulados, lo que la metodología vigente no logra captar adecuadamente. En ese sentido, reclamó una actualización urgente de las canastas de referencia y una mayor transparencia en la captación de ingresos y en el tratamiento de las series históricas.
Por su parte, la Junta Interna de ATE en el INDEC emitió un comunicado en el que desmintió la narrativa oficial de que el gobierno de Javier Milei “sacó a 12 millones de personas de la pobreza”. Según los trabajadores, esta interpretación se sostiene en una comparación deliberadamente sesgada: se contrasta el primer semestre de 2024 con los meses previos a la asunción presidencial, sin contemplar que el pico de pobreza fue generado por la devaluación y la aceleración inflacionaria aplicadas en diciembre de 2023 por la propia gestión actual.
Además, señalaron limitaciones en la muestra de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que abarca alrededor de 30 millones de habitantes en zonas urbanas. Bajo esa cobertura, una salida de 12 millones de personas de la pobreza implicaría una reducción del 40% del indicador, algo que no ocurrió.
ATE también destacó la falta de correspondencia entre la baja de la pobreza publicada y la evolución de otros indicadores económicos: el mercado laboral no muestra mejoras estructurales y la economía sigue en retroceso. A esto se suma la crítica a la situación interna del INDEC, marcada por la fuga de técnicos calificados debido a los bajos salarios y por lo que consideran un uso electoralista del organismo.
Tanto la UCA como ATE coinciden en un punto clave: la mejora reflejada por los datos oficiales no traduce un alivio social sostenido y la metodología vigente limita la posibilidad de medir con precisión la profundidad de la crisis.
