La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la reincorporación de los 12 empleados de la Quinta de Olivos que habían sido despedidos la semana pasada. La medida alcanza también al intendente de la residencia presidencial, Osvaldo Javier Sosa.
La decisión se conoció luego de las gestiones impulsadas por el gremio, que había cuestionado las cesantías y reclamado el regreso del personal a sus funciones.
Desde la filial porteña de ATE señalaron que la organización sindical permitió revertir los despidos y comunicaron que los trabajadores retomarán sus puestos. El secretario general de esa seccional, Daniel Catalano, había sostenido que los empleados se presentaron a cumplir sus tareas habituales, pero no pudieron ingresar ni recibieron explicaciones sobre la decisión.
El Gobierno nacional había argumentado que las desvinculaciones respondían a un “riesgo para la información y también la seguridad” de los habitantes de la residencia presidencial. Según esa explicación, la medida estuvo vinculada con presuntas filtraciones relacionadas con la actividad del presidente Javier Milei y su entorno.
Catalano cuestionó el procedimiento y anticipó acciones sindicales para impugnar las cesantías. Rodolfo Aguiar, titular de ATE a nivel nacional, también había planteado que la decisión afectaba la estabilidad del empleo público.
Con la reincorporación confirmada, el conflicto entre el Gobierno y el sindicato queda centrado ahora en las condiciones bajo las cuales se produjeron las desvinculaciones y en los argumentos utilizados por las autoridades para disponerlas.
