Tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei ratificó su intención de avanzar con una reforma laboral “para modernizar las relaciones de trabajo” en la Argentina. La declaración, hecha en una entrevista televisiva luego de los comicios, abrió un nuevo frente político: el de la disputa por el sentido del trabajo, su valor y sus derechos en el siglo XXI.
Aunque el Ejecutivo todavía no presentó un texto formal, distintos voceros del Gobierno , entre ellos el secretario de Trabajo Jorge Cordero y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmaron que el proyecto retomará puntos del DNU 70/2023, anulado por la Justicia, y del proyecto de ley impulsado por la diputada oficialista Romina Diez.
Los lineamientos tienen como columna vertebral una mayor flexibilidad, menos cargas patronales y una redefinición de los convenios colectivos. Desde las centrales sindicales, en cambio, alertan que el plan oficial implica una ofensiva regresiva sobre derechos laborales conquistados y trabajan en una propuesta alternativa que contemple las transformaciones del mundo del trabajo, pero desde una perspectiva inclusiva.
La mirada oficial: modernización, flexibilización y “eficiencia operativa”
En su discurso, el Gobierno presenta la reforma como una herramienta para “generar empleo formal” y “dinamizar la economía”. Según Cordero, el sistema actual “no se adapta a la realidad de las empresas ni a los desafíos tecnológicos”. La propuesta, entonces, busca adecuar las normas laborales a un modelo de “eficiencia y productividad”.
Entre los principales cambios que analiza el oficialismo se encuentra la sustitución de los convenios colectivos por rama de actividad , vigentes desde mediados del siglo XX, por convenios por empresa, es decir, acuerdos particulares entre empleador y trabajadores según el tamaño, la región y las condiciones específicas de cada compañía.
“Hoy los convenios son nacionales y por actividad; queremos que cada empresa establezca su piso de beneficios y luego negocie diferenciales”, explicó Cordero durante el último Coloquio de IDEA. Detrás de ese planteo subyace una idea central del mileísmo: que la negociación colectiva debe descentralizarse y acercarse a las unidades productivas, reduciendo la intervención de los gremios de rama.
Otro punto en discusión es la ultraactividad de los convenios colectivos, que garantiza su vigencia hasta que se firme uno nuevo. Si este principio se eliminara, buena parte de los adicionales salariales como antigüedad, zona desfavorable, título académico, entre otros, perderían validez.
Además, el Gobierno ya limitó la posibilidad de que los convenios impongan aportes o contribuciones obligatorias a sindicatos o cámaras empresarias, salvo aceptación expresa del trabajador.
Jornadas más largas, vacaciones fragmentadas y salarios atados a productividad
El proyecto de Romina Diez , referencia legislativa del oficialismo en esta materia, propone habilitar jornadas laborales de hasta 12 horas y permitir que los empleadores dividan las vacaciones en períodos mínimos de una semana, según las necesidades de producción.
Otro cambio propuesto es el reemplazo de las paritarias tradicionales por aumentos salariales basados en productividad. En lugar de definir subas generales por rama de actividad, los incrementos dependerían del rendimiento individual o de los resultados de cada empresa.
“La idea es encontrar elementos objetivos en cada sector que permitan diferenciar la eficiencia de cada trabajador”, explicó Cordero. El planteo busca introducir la lógica meritocrática del mercado en la negociación salarial, algo que los sindicatos interpretan como un intento de desarticular el poder de las paritarias.
El proyecto también prevé que las PyMEs puedan pagar indemnizaciones y multas derivadas de juicios laborales en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas, argumentando que muchas pequeñas empresas quiebran por el costo de los litigios. A la vez, el Gobierno impulsa un Fondo de Cese Laboral, que permitiría a las empresas realizar aportes anticipados para cubrir futuras indemnizaciones, aunque hasta el momento su implementación fue mínima.
Por último, el plan contempla beneficios impositivos y aduaneros a través del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que otorgaría devoluciones de IVA, créditos fiscales y estímulos a quienes generen nuevas contrataciones.
Un diagnóstico en disputa: informalidad y costos laborales
Según los últimos datos del INDEC, la informalidad laboral alcanzó al 43,2% de los puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2025, un aumento de 1,6 puntos interanual. Para el Gobierno, la raíz del problema está en los “altos costos de contratación y despido”.
La consultora Invecq calcula que el costo total para un empleador argentino de un trabajador formal equivale al 70% adicional sobre el salario neto, uno de los porcentajes más altos de la región. Esa brecha, sostienen, desalienta la formalización.
Pero desde el campo sindical y académico la lectura es opuesta: la precariedad no se explica por exceso de derechos sino por falta de crecimiento económico. Vezzato, de Fundar, subraya que “la flexibilización laboral no genera empleo por sí misma, y menos en un contexto recesivo; lo único que hace es convalidar la informalidad estructural”.
La respuesta sindical: una reforma laboral inclusiva
Mientras el Gobierno prepara su proyecto, las CTA de los Trabajadores y Autónoma avanzan en una reforma laboral alternativa, que asuma los cambios tecnológicos y sociales pero desde una perspectiva de ampliación de derechos.
“Hay dos reformas posibles: una que mira al siglo XX, que es la del Gobierno, y otra que mira al siglo XXI, que es la nuestra. Queremos incluir a todos los trabajadores en la protección laboral, no excluirlos”, sostuvo Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Argentinos y diputado nacional de Unión por la Patria.
La propuesta sindical incluye la reducción de la jornada laboral, la ampliación de licencias parentales y un esquema de alivio impositivo para PyMEs, acompañado de la eliminación de beneficios excesivos para grandes empresas tecnológicas. También busca reconocer derechos laborales a los trabajadores de plataformas digitales, uno de los sectores más desprotegidos del nuevo mundo del trabajo.
Según Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista que participa en la redacción del proyecto, “las reformas laborales, por sí solas, no crean ni destruyen empleo: lo que definen es su calidad”. Y recordó que entre 2002 y 2007, con regulaciones estrictas y doble indemnización, la Argentina alcanzó récords de empleo gracias al crecimiento económico.
La agenda sindical propone, además, revertir la lógica del llamado “banco de horas” que impulsa el Gobierno. En lugar de permitir que el empleador disponga unilateralmente del tiempo del trabajador, la CTA plantea que la flexibilidad sea a favor del empleado, con posibilidad de organizar sus horas anuales para trabajar menos días o retirarse antes sin afectar su salario.
Plataformas digitales: el nuevo frente de disputa
Uno de los ejes centrales de la propuesta de las CTA es el reconocimiento laboral de los trabajadores de plataformas digitales (repartidores, choferes, freelancers) que operan bajo relaciones de dependencia encubierta.
“El Gobierno resuelve este problema de la manera más simple: niega que haya relación laboral. Nosotros proponemos lo contrario: reconocerla y garantizar derechos básicos”, señaló Ottaviano.
Entre los puntos específicos que propone el equipo sindical figuran:
- Clasificación objetiva del trabajo en plataformas para asegurar derechos laborales.
- Asignación mínima de horas o pedidos, equivalente al salario mínimo vital y móvil.
- Derecho a la desconexión digital y descansos anuales sin restricciones por temporada.
- Remuneración del tiempo a disposición de la aplicación, incluyendo esperas y desplazamientos.
- Pagos adicionales por condiciones adversas, como clima o exceso de demanda.
Se trata, en definitiva, de una reforma laboral para la inclusión, que contemple la diversidad del trabajo contemporáneo y no la reduzca a la relación asalariada tradicional.
Dos modelos en pugna
El debate que se abre en la Argentina enfrenta dos modelos antagónicos de reforma laboral. El del Gobierno, que busca dinamizar la economía reduciendo regulaciones y costos, y el de las centrales sindicales, que plantea actualizar las normas para proteger a los nuevos trabajadores y equilibrar el poder entre capital y trabajo.
Mientras la administración Milei asocia la generación de empleo con la desregulación, las CTA y los especialistas del campo laboral sostienen que el verdadero motor del empleo es la expansión del consumo y la actividad económica, acompañada de instituciones laborales fuertes.
La disputa, en última instancia, no se limita a una discusión técnica sobre jornadas o aportes patronales, sino que refleja dos concepciones de país.
