El Gobierno de Javier Milei avanza en una ambiciosa reforma laboral que promete “modernizar” el sistema de trabajo argentino, bajo las banderas de la flexibilidad, la productividad y la formalización. Sin embargo, detrás de esa agenda de “eficiencia y competitividad” se abre una nueva etapa de conflicto con los sindicatos, que advierten un retroceso en derechos conquistados y un riesgo real de precarización.
Durante su participación en el Coloquio de IDEA, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó los ejes del proyecto oficial, en línea con los anuncios que el propio presidente realizó días antes en la planta de Sidersa, en San Nicolás. Allí, Milei había anticipado que las reformas buscarán “dinamizar el mercado laboral” y reincorporar al trabajo formal a los beneficiarios de planes sociales.
Cordero insistió en que no se trata de una “reforma legal inmediata”, sino de un proceso que puede ejecutarse dentro de las facultades del Ministerio de Trabajo, mediante resoluciones y acuerdos sectoriales. Entre los puntos destacados mencionó la digitalización de procesos, la creación de un banco de horas y la libertad contractual, todo bajo el objetivo de otorgar mayor flexibilidad a las empresas.
Uno de los cambios más significativos apunta a la modernización de los convenios colectivos, promoviendo que los acuerdos de empresa prevalezcan sobre los de actividad. Según el Gobierno, esa estructura permitiría adaptar condiciones laborales a las “dinámicas productivas y tecnológicas” y garantizar “sostenibilidad económica” para el sector privado. En paralelo, se plantea vincular los salarios directamente con la productividad, lo que -según Cordero- “premiaría el esfuerzo individual” y evitaría que “dar lo mismo para todos genere desempleo”.
El funcionario también subrayó la necesidad de distinguir entre trabajo autónomo y relación de dependencia, para “evitar distorsiones legales y abusos contractuales”, y reclamó previsibilidad en la justicia laboral, criticando la supuesta contradicción entre fallos que, a su entender, “destruye la confianza” del empresariado.
En redes y medios, la discusión se profundizó tras las declaraciones del empresario Martín Varsavsky, allegado al presidente Milei, quien mencionó que un borrador oficial contempla la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 13 horas diarias, inspirado en el reciente modelo griego. Aunque luego matizó que sería “negociable entre empleadores y empleados” y con un tope semanal de 60 horas, aplicable hasta 37 días al año. La sola mención desató un fuerte repudio social, con acusaciones de “esclavismo moderno”.
El borrador en cuestión incluiría además la eliminación de las indemnizaciones por despido, reemplazadas por un fondo de cese laboral similar al de la UOCRA; la posibilidad de firmar contratos en cualquier moneda, incluso dólares; y la flexibilización del régimen de vacaciones, que quedaría a criterio del empleador para definir días y fracciones.
El argumento oficial es que estas medidas permitirían reducir la informalidad laboral, que afecta al 50% de los trabajadores, y terminar con la “industria de los juicios”. Sin embargo, desde el sindicalismo la respuesta fue inmediata.
Un informe técnico que circula entre dirigentes de la CGT, elaborado con evidencia de organismos internacionales como la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial, advierte que la flexibilización de contrataciones y despidos no genera empleo neto en economías estancadas, sino que sustituye puestos estables por precarios, aumentando la informalidad y la desigualdad.
Los estudios citados , entre ellos el World Employment and Social Outlook 2024 (OIT) y la Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe 2024 (CEPAL) también alertan que la descentralización de las paritarias debilita la negociación colectiva y reduce los salarios reales. A esto se suma el riesgo de déficits previsionales ante eventuales recortes en las cargas sociales, una situación ya registrada en las reformas de los años 90 y 2016-2019, según la OIT y el Banco Mundial.
En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el documento reconoce beneficios potenciales en productividad, siempre que haya rediseño organizacional, pero advierte sobre los abusos de horas extras no registradas y los riesgos de estrés térmico en contextos climáticos extremos, de acuerdo con la OMS y la OMM.
A nivel macroeconómico, el informe remarca que la pérdida de poder adquisitivo reduce la demanda interna, principal motor del consumo en Argentina, afectando la productividad general y ampliando la desigualdad social.
Como contracara, el texto sindical propone siete lineamientos para una reforma laboral con justicia social: evaluación previa de impactos, protección del salario real, formalización integral, sostenibilidad de la seguridad social, fortalecimiento del diálogo social, incorporación del cambio climático en salud laboral y un enfoque de desarrollo productivo con transición justa.
