Crecen las alertas por la soberanía energética.
En medio de fuertes resistencias en el Congreso y dentro del propio sector energético, el gobierno de Javier Milei avanza en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. Según reveló El Cronista, el Ejecutivo ya tiene listo el decreto que habilitará la subasta del 44% de las acciones, en manos hoy del Estado y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El texto marca el inicio de un proceso que el oficialismo espera concluir en el primer semestre de 2026. La decisión se enmarca en la Ley Bases y contempla que el Estado conserve el 51% de las acciones y, por lo tanto, el control formal de la compañía.
Una empresa rentable en la mira
La privatización de NASA no ocurre en un contexto de déficit, sino en medio de balances positivos. En el primer trimestre de 2025, la compañía registró un superávit de $17.234 millones y se proyecta que cierre el año con más de $23.000 millones de resultado favorable. Las centrales bajo su operación aportan alrededor del 7% de la generación eléctrica del país y garantizan soberanía energética con una potencia instalada de 1.763 MW.
Lejos de tratarse de una empresa deficitaria, como sugiere el discurso oficial, la estatal incluso lleva adelante proyectos estratégicos como la extensión de vida útil de Atucha I y el almacenamiento seguro de combustibles gastados. Para especialistas, entregar parte de este capital al sector privado extranjero supone “regalar” una de las áreas más avanzadas de la industria argentina.
Riesgo de perder control en un sector estratégico
Uno de los puntos más cuestionados es la obligación de la CNEA de desprenderse de su 20% de acciones, lo que implicaría que el organismo especializado, que forma y provee los profesionales nucleares del país, pierda injerencia directa en la empresa. “Es gravísimo, porque quienes tienen el conocimiento quedarían sin capacidad de decisión, facilitando la entrada de actores que no saben lo que implica manejar una compañía como NASA”, advirtió Adriana Serquis, ex titular de la CNEA y candidata a diputada por Río Negro (FP).
Desde el Congreso, el bloque de Unión por la Patria busca declarar al sistema nuclear argentino como bien público y estratégico, una iniciativa que apunta a frenar la privatización. “Sería fundamental que se conserve en manos del Estado Nacional, porque es una empresa que genera ganancias y, además, soberanía”, reforzó Serquis.
CAREM-25 y la soberanía tecnológica en juego
La privatización también pone en riesgo proyectos de innovación únicos en la región. Uno de ellos es el CAREM-25, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina. Con un 65% de avance, se trata de un desarrollo que permitiría al país posicionarse como líder mundial en el mercado de pequeños reactores modulares (SMRs), una tecnología clave para la transición energética.
“Ojalá nuestros legisladores estén a la altura. Lo que está en riesgo es la soberanía en un sector estratégico y el primer desarrollo real de un reactor de potencia. Desfinanciar y desmoralizar equipos de trabajo puede hacer irreversible la pérdida”, remarcó Serquis. El senador José Mayans graficó: “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula. Privatizar el sistema nuclear argentino es gravísimo”.
Un debate geopolítico
La decisión de Milei de abrir NASA al capital privado se da en paralelo a un mayor acercamiento con Estados Unidos en materia nuclear. El titular del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, anunció recientemente la incorporación de Argentina al programa FIRST, que promueve el desarrollo de SMRs.
