La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un nuevo paro de 72 horas, que se llevará adelante entre el miércoles y el viernes de la próxima semana, en reclamo de la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se enmarca en la creciente tensión con el gobierno de Javier Milei, que insiste en sostener el ajuste sobre el sistema educativo público.
Desde el gremio explicaron que “los ingresos docentes quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos no alcanzan para terminar el año”. En ese contexto, el plenario de secretarios y secretarias generales resolvió por amplia mayoría convocar a la medida de fuerza, que será acompañada por la CONADU Histórica y por el conjunto del Frente Sindical Universitario.
Los sindicatos anticiparon además que, si el Gobierno no avanza en la puesta en marcha de la ley, podrían afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 y llevar el reclamo a la justicia. La decisión fue interpretada como una señal clara de unidad del movimiento docente universitario frente a la falta de diálogo del Ejecutivo.
Mientras el Congreso ratificó la norma tras el veto presidencial, el Gobierno sigue sin aplicarla. La Ley de Financiamiento Universitario dispone la convocatoria a paritarias para actualizar los salarios docentes y no docentes de acuerdo a la inflación, garantiza la actualización de los gastos de funcionamiento y crea fondos específicos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Además, establece un esquema de financiamiento progresivo: del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Pese a ello, en las últimas semanas el Ejecutivo volvió a excluir a las universidades de los refuerzos presupuestarios, priorizando solo a sectores como discapacidad y emergencia pediátrica dentro de las partidas de emergencia.
Desde CONADU remarcaron que “la universidad pública está en riesgo” y reiteraron que la ley es resultado de un amplio consenso legislativo que el Gobierno está desoyendo. También expresaron su solidaridad con los trabajadores de la Universidad Nacional de Formosa, que, según denunciaron, vienen siendo perseguidos y sancionados por razones políticas.
Con un paro de tres días y el conflicto en ascenso, el movimiento universitario sigue exigiendo una respuesta que garantice la continuidad del sistema público de educación superior.
