El espacio formado por más de 40 gremios de distintos sectores rechazó la propuesta del oficialismo, y se sumaron a la jornada de protesta de la CGT. Además, reclamaron “basta de mentir con la inflación” y que se paren los despidos y suspensiones.
Más de cuarenta gremios de distintos sectores salieron a marcar posición frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo y confirmaron su adhesión a la jornada de protesta convocada por la CGT. El espacio, nucleado en la Mesa Sindical, calificó la iniciativa como “anticonstitucional y antiobrera” y sumó una batería de reclamos que incluyen el freno a los despidos y suspensiones, una recomposición salarial del 20 por ciento y el cuestionamiento directo a las cifras oficiales de inflación.
El pronunciamiento se da luego de que la central obrera anunciara una movilización contra la reforma laboral que el Gobierno presentó en el Senado. En ese marco, la Mesa Sindical, que agrupa a organizaciones del sector público y privado vinculadas a los servicios y la producción, resolvió acompañar la medida y alertó sobre lo que considera un retroceso histórico en materia de derechos laborales.
Entre los gremios que integran el espacio se encuentran APJ GAS, APJBO y la Federación Judicial, entre otros. En un comunicado difundido esta semana, señalaron que la clase trabajadora “ha sido convocada a luchar coordinadamente en defensa propia” frente a una ofensiva que, aseguran, busca debilitar el derecho del trabajo, limitar el derecho de huelga y vaciar de contenido la negociación colectiva.
Desde la Mesa Sindical advirtieron que el proyecto oficial “destruye la existencia práctica de los Convenios Colectivos, restringe el derecho de huelga hasta niveles cercanos a su prohibición e interfiere en la justicia laboral con el objetivo de desmantelarla”. Para el espacio, no se trata de una reforma orientada a generar empleo, por el contrario, remarcan que incluso sus propios impulsores admitieron que no creará nuevos puestos de trabajo.
El rechazo a la reforma se inscribe, además, en un diagnóstico más amplio sobre la situación económica y social. “En la Argentina los ricos son más ricos y el resto somos cada vez más pobres. Pero quieren más”, señalaron, y plantearon que la movilización popular debe funcionar como un límite frente a un modelo que profundiza la desigualdad.
En ese sentido, los gremios también apuntaron contra la política económica del Gobierno, a la que definieron como “desintegradora”. Denunciaron una ola de despidos y suspensiones asociada a la apertura importadora, la desindustrialización y el avance de la precarización laboral, mientras, sostienen, se beneficia a sectores vinculados a la especulación financiera. “La intención es clara: que los argentinos y argentinas tengamos una vida mínima”, advirtieron.
Otro eje central del documento es el cuestionamiento a los datos oficiales de inflación. Tras la difusión del índice de noviembre por parte del INDEC, que marcó una suba del 2,5 por ciento y encadenó seis meses consecutivos de aumento intermensual, la Mesa Sindical volvió a poner en duda la veracidad de las cifras. Según señalaron, se trata de “una inflación ficticia que no refleja el aumento real de precios que sufren las economías familiares”.
“Aunque publiquen números alejados de la realidad, no pueden ocultar que el costo de vida crece mes a mes”, remarcaron desde el espacio. Frente a este escenario, los gremios reafirmaron su decisión de “unir voluntades colectivas” para enfrentar la reforma laboral, exigir una reparación salarial del 20 por ciento para trabajadores activos, jubilados y pensionados, y reclamar la declaración de la emergencia laboral para frenar despidos y suspensiones.
