Se trata de Miguel Ceballos, funcionario de confianza del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja. El gremio judicial UEJN denunció que el funcionario faltó el respeto a quienes manifestaban en contra del juez en una protesta de mediados de 2025.
Por Gustavo Molina
El pasado martes 24 de febrero en un Acuerdo Ordinario, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió por mayoría iniciar un sumario administrativo para investigar si el secretario de DDHH del Juzgado Federal N° 3, Miguel Ceballos cometió algún tipo de irregularidad -incluyendo presuntos insultos o improperios- en medio de una protesta realizada a fines de julio de 2025 por los trabajadores de la Justicia federal, contra el nombramiento de una funcionaria, por parte del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La ruidosa protesta contra el dedazo del juez Vaca Narvaja por parte de los trabajadores nucleados en la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) frente a los Tribunales Federales de Córdoba, en inmediaciones de Ciudad Universitaria y el Parque Sarmiento; incluyó una queja formal a la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por el juez Abel Guillermo Sánchez Torres. Y una semana después del reclamo, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió a favor del planteo de la UEJN.
La movida gremial encabezada por el secretario general de la Delegación Córdoba de la UEJN, Juan Pablo Tripputi hizo que Ceballos, secretario del Juzgado Federal N° 3, saliera en defensa de su jefe Vaca Narvaja y confrontara a los manifestantes.
El voto por mayoría
Tras analizar la denuncia del gremio judicial en el expediente ‘Información sumaria – Conf Acuerdo CFac N° 180/2025 S/Hechos denunciados por la UJN’ (Expte. De Superintendencia N° 10/1/2025); los camaristas Graciela Montesi (presidenta), Abel Sánchez Torres, Eduardo Avalos y Liliana Navarro resolvieron por mayoría iniciar un sumario administrativo al secretario Ceballos.
La presidenta del Tribunal, Graciela Montesi justificó sumariar al secretario Ceballos al entender que “luego de realizar algunas consideraciones emanadas del punto 7, entiende comprobados ciertos comportamientos y actitudes del doctor Ceballos que no resultan acorde a lo que puede esperarse de un funcionario judicial en su proceder y conforme a la denuncia efectuada, son suficientes para dar inicio a un sumario”.
La camarista Montesi, agrega en su resolución, que “sólo se corrobora una conducta impropia y destemplada del nombrado doctor Ceballos al increpar en espacios públicos (vereda frente sede gremial UEJN y en el hall central de estos Tribunales Federales de Córdoba) a empleados judiciales y a integrantes de la entidad gremial utilizando lenguaje indebido con tonos inadecuados que no se corresponden con los modos y formas que debe guardar mínimamente un funcionario judicial dentro y fuera del ámbito del Tribunal”.
Montesi aclara que esas actitudes de Ceballos “en principio no encuadraría en las previsiones de la ‘conducta irreprochable’ que exige el art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional” y que “recomienda la formación de un Sumario Administrativo salvo mejor criterio, por lo que de tal modo se da cumplimiento a las previsiones del art. 12 de la Ac. 81996 de la CJJN”.
Como conclusión, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sugiere iniciar un sumario administrativo “que conforme las testimoniales contrastadas con los videos de vigilancia con los que se cuenta, se advierte al nombrado doctor Ceballos expresarse de forma acalorada y con ademanes realizados en una actitud de confrontación con el señor Prosecretario Administrativo de esta Cámara, doctor Gabriel Alvarez, luego vuelve sobre sus pasos y discute nuevamente con Alvarez en presencia de los policías de guardia del lugar”.
También reseña, Montesi, que “al momento de citar al doctor Ceballos en el desarrollo de dicha Información Sumaria, el nombrado manifiesta que no es el momento oportuno para ello, por lo que la suscripta coincide en que la Información Sumaria es un principio suficiente para establecer la existencia del hecho, ya que entiende que se encuentra corroborado y que el Sumario es la posibilidad que tiene para defenderse y para garantizar el derecho a defensa”.
Por su parte el camarista Eduardo Avalos indicó que adhiere a la posición de la presidenta Montesi y además agrega que “no sólo ha leído el informe final de instrucción, sino la Instrucción propiamente dicha, por lo que cree que no tiene motivos para apartarse de las conclusiones del Instructor en esta etapa y comparte lo expuesto por la doctora Montesi respecto a que el Sumario Administrativo, no es un acto de petición o castigo, sino un procedimiento administrativo que permite en esta etapa al sumariado tomar vista de todo lo actuado, poder ofrecer las pruebas y hacer su descargo”.
El vicepresidente de la Cámara, Abel Sánchez Torres –es pareja de la presidenta Montesi- adhirió a las posturas de los otros dos camaristas y aclaró que “más allá de los hechos que se han fijado por el instructor y los que ha descartado, también permitirá que el sindicado ejerza su derecho de defensa en forma plena”.
En disidencia, Liliana Navarro advierte que “ha leído detenidamente el informe y que el instructor cuando tiene que describir la conducta manifiesta o señala exactamente que no hay una coincidencia, ni está probado lo que se denuncia o la gravedad de los hechos denunciados, con lo que él a través de la información sumaria ha podido acreditar. Sin perjuicio de señalar que a su criterio habría una conducta destemplada, una conducta inapropiada, una conducta ´calurosa’ por así decirlo, que es el resultado en síntesis de un enojo”.
Navarro sostiene “que la doctora Montesi ha señalado como bien declara el instructor, el doctor Gabriel Alvarez, y justamente el instructor, es que una de las cosas que se le reprocha al doctor Ceballos es que el enfrentamiento o la discusión acalorada con el doctor Gabriel Alvarez, es que se trata de dos funcionarios”.
La jueza Navarro agrega: “El mismo doctor Alvarez señala que en realidad hubo una conversación acalorada, que en ningún momento hubo una falta de respeto o que en algún momento se sintió amedrentado por el doctor Ceballos, ni sintió temor o falta de respeto ya que era un cambio de opiniones, por así decirlo, en el tono que saben usar informalmente los empleados judiciales cuando a veces están disgustados con algo o no coinciden el algo”.
La jueza navarro citó al policía federal Luis Zalazar, quién confirmó que en el hall central de los Tribunales federales ‘todos hablan alto’.
En su opinión sobre el caso, Liliana Navarro se preguntó si el secretario Ceballos había cometido una ‘conducta inapropiada’, “porque si hablar en voz alta o debatir ideas en un contexto donde los dirigentes gremiales tienen inmunidad sindical, cuyo objetivo es que nadie pueda ser perseguido por sus acciones en defensa de los trabajadores, pero ningún derecho es absoluto. Tampoco puede utilizarse dicha inmunidad para realizar actos absolutamente ofensivos contra Magistrados, funcionarios y/o empleados que impliquen en definitiva que el gremio se transforme en una organización que amedrenta a jueces, que nubla la capacidad d un Juez de decidir por el temor a las represalias que va a sufrir en todos los medios”.
En lo que se leyó como una férrea defensa de Ceballos, pero que traslucía una interna contra Montesi-Sánchez Torres; la jueza Liliana Navarro avanza: “Esta Cámara, conformada por los mismos Jueces que están hoy, ha tenido conductas si se quiere más reprochables, porque se les han remitido antecedentes de la Procuración General de la Nación haciendo referencia a la inconducta de un Secretario Penal que pasaba información de expedientes con el fin de probar, perjudicar o cualquier otro fin, en expedientes que son secretos y en los cuáles no puede un Secretario comunicarse vía Whatsapp con las partes. Aclara que es el caso de Facundo Troncoso y que decidieron todos los integrantes de este cuerpo, la nombrada Magistrada incluida, que luego de la información sumaria que se llevó a cabo por el entonces Secretario de Superintendencia, doctor Néstor J. Olmos. Recuerda otro episodio donde también fue denunciado el doctor Troncoso por el señor Fiscal Federal Enrique Senestrari, y en ambos casos no se le formó sumario administrativo siendo que se trataba de hechos, si se quiere, mucho más graves que los aquí analizados porque fue criterio de este Tribunal que correspondía darle la oportunidad al doctor Troncoso que corrija su conducta y no estigmatizar a una persona que le puede ser vedada su carrera judicial”.
Frente a los dichos de Navarro, la presidenta Montesi respondió: “Un sumario administrativo no es una estigmatización sino justamente lo contrario, es para garantizar el derecho de defensa”.
Luego del debate, y con el voto de los camaristas Graciela Montesi, Abel Sánchez Torres y Eduardo Avalos se resolvió por mayoría iniciar un sumario administrativo al secretario Miguel Ceballos, del Juzgado Federal N° 3. En disidencia votó la camarista Liliana Navarro.
El conflicto, el dedazo de Vaca Narvaja
El 29 de julio de 2025, la secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Gabriela Data se acogió a la jubilación; y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja propuso en su reemplazo a la abogada Claudia del Valle Trujillo. Quién no es empleada de la Justicia federal, pero es una vieja conocida suya, de la época en que ambos trabajaban como abogados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El ahora juez fue hasta 2014 coordinador letrado del organismo nacional, y Trujillo es enlace con la Dirección Legal Interior.
Mientras que para el cargo de secretaria Penal, vacante por la jubilación de Mariana Buteler, Vaca Narvaja sugirió nombrar a Regina Uriburu Pizarro. Hasta entonces prosecretaria de la Secretaría Civil, con 32 años de carrera judicial en la Justicia Federal. Y por el ascenso de Uriburu Pizarro, el juez elevó una serie de promociones en cargos inferiores, todos de la órbita de la Justicia federal.
Duelo entre Vaca Narvaja, la Cámara y el gremio
El 29 de julio pasado, la secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Gabriela Data se acogió a la jubilación; y el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja propuso en su reemplazo a la abogada Claudia del Valle Trujillo. Quién no es empleada de la Justicia federal, pero es una vieja conocida suya, de la época en que ambos trabajaban como abogados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). El ahora juez, fue hasta 2014 coordinador letrado del organismo nacional, y Trujillo es enlace con la Dirección Legal Interior.
Mientras que para el cargo de secretaria Penal, vacante por la jubilación de Mariana Buteler, Vaca Narvaja sugirió nombrar a Regina Uriburu Pizarro. Hasta entonces prosecretaria de la Secretaría Civil, con 32 años de carrera judicial en la Justicia Federal. Y por el ascenso de Uriburu Pizarro, el juez elevó una serie de promociones en cargos inferiores, todos de la órbita de la Justicia federal.
Vaca Narvaja argumentó que su ex compañera en ANSeS es “una profesional de extensa trayectoria y conocimiento de derecho administrativo, previsional y procesal, excelente manejo de personal y de gran contracción al trabajo, además de gozar de su absoluta confianza”.
En declaraciones al diario La Nación, el juez federal había justificado su decisión al sostener que “yo propongo a la secretaria conforme me autoriza la ley, y propuse a otra que es de planta y no dijeron nada. No soy de la corporación y no designo a mi familia acá adentro”.
Y en declaraciones a Perfil Córdoba, Vaca Narvaja sostuvo que “de lo que se trata con esta designación de una funcionaria de adentro y otra de afuera es de combatir la endogamia del Poder Judicial que lo aísla de la sociedad, que tiene el 90% de consideración negativa. No puedo mantener posturas de personas que han pasado toda su vida acá adentro, porque vengo de afuera y tengo otra visión que caracteriza mis fallos. En muchos casos, es una mirada divergente de estas personas que llevan 40 años acá”.
Como rechazo al nombramiento de la abogada de ANSeS, por sobre de los empleados del Juzgado Federal N° 3, o de la planta de los Tribunales Federales, los trabajadores nucleados en la UEJN, encabezados por el secretario general de la Delegación Córdoba Tripputi, realizaron una serie de protestas públicas con afiches, gráfica y redes con imágenes de paracaidistas planeando sobre el edificio de Ciudad Universitaria. Pero además elevaron una queja formal a la Cámara Federal de Apelaciones, presidida por Sánchez Torres.
Una semana después de que Vaca Narvaja propusiera a Del Valle Trujillo, el 5 de agosto de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió a favor del planteo de la Unión de Empleados Judiciales Nacionales: “En un histórico fallo la Cámara Federal de Córdoba actuó en defensa de la carrera judicial y de los y las judiciales conforme lo solicitamos. Nombrar a una paracaidista sin experiencia no sólo vulneraba la carrera sino la dignidad y la justa expectativa laboral. Hay cientos de judiciales con sobrada experiencia para ese cargo. Basta de propuestas utilizando la confianza”, señaló Tripputi a los distintos medios, aplaudiendo la medida de Sánchez Torres y los camaristas, Montesi, su pareja, Avalos y Navarro.
El secretario general de los judiciales nacionales en Córdoba, detalló que uno de los puntos más importantes de la acordada de la Cámara Federal, es que hizo caso al reclamo de la UEJN que puntualmente marcó que designar en un cargo a quien no pertenece a la justicia federal “afecta la carrera judicial” y “constituye un verdadero menoscabo a los derechos de todos los agentes”. Por eso la campaña contra el nombramiento de la abogada de ANSeS hizo foco en su carácter de “paracaidista”.
La Cámara le ordenó a Vaca Narvaja que designe para cubrir las vacantes a alguno de los 11 prosecretarios que trabajan a su mando, con antecedentes como para ascender y buenas calificaciones: “Cuenta con 11 cargos de prosecretario administrativo para priorizar en el momento de la elección de un secretario, personal con la antigüedad e idoneidad conforme las calificaciones elevadas y aprobadas ante el Tribunal”. Y que “los únicos cargos que permiten la designación en base a la confianza son aquellos de secretario privado y de relator de vocalía”.
Ni bien asumió como juez federal, Vaca Narvaja designó a dedo a tres funcionarios, que ingresaron junto con él y hoy son secretarios del Juzgado Federal N° 3: el sumariado Juan Miguel Ceballos, Ezequiel de la Torre, y Patricio Lutteral. Esa vez, Vaca Narvaja sí pudo nombrar a personal de estrecha confianza, porque recién ingresaba a la Justicia federal, y debía conformar su equipo de trabajo:
“Es entendible que en ese momento el personal que designe deba revestir cierto nivel de confianza”, sostuvo la Cámara en su resolución de rechazo al nombramiento de Trujillo. Precisamente, el juez había propuesto a su ex compañera en ANSeS debido a “…gozar de su absoluta confianza”.
Escalada en el conflicto
Pero el jueves de la semana pasada, el conflicto entre los judiciales y Vaca Narvaja escaló cuando los trabajadores montaron un maniquí y empapelaron Tribunales Federales contra la designación de la abogada de ANSES.
El secretario Miguel Ceballos, nombrado por Vaca Narvaja presentó una nota ante la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, para plantear la “repudiable acción”de la UEJN con “alusiones injuriosas y agraviantes” hacia el juez, que incluyeron “un maniquí vestido con saco, corbata y una cabeza de vaca con un cartel con la leyenda ‘No confío en los judiciales’”.
Según Ceballos, la protesta “cruza de manera alevosa el límite entre la libertad de expresión del supuesto reclamo sindical y el derecho a que se respete la integridad moral y trayectoria de Miguel Hugo Vaca Narvaja”.
En otro párrafo señala que la “discrepancia respecto de la política de designación de funcionarios o respecto de la apertura de la judicatura a profesionales ajenos a la carrera judicial constituye una cuestión opinable y susceptible de debate”. Pero advierte: “El disenso debe expresarse en un marco de respeto institucional y civilidad democrática, sin acudir a prácticas que lesionen la honra y dignidad de quienes ejercen la magistratura”.
El propio juez explicó a Perfil Córdoba: “Trabajo en la Justicia Federal, no en un jardín de infantes. No pueden poner un ‘afichito’ con caricaturas de vaca y un muñequito con una cabeza de una vaca. Es injuriante para el prestigio del Poder Judicial, no para mi persona. Y eso depende de la Cámara Federal de Apelaciones, que no está cumpliendo con su rol de cuidar el prestigio del Poder Judicial. Agrego una infidencia: a mi viejo en la cárcel lo colgaban en el travesaño del arco, le entraban a dar y le decían “vos sos Vaca”. Él respondía: “Yo soy Vaca Narvaja”. Les enfurecía el doble apellido. Parece que acá pasa lo mismo con el gremio”.
Pero el juez aprovechó y elevó la disputa por encima de una cuestión gremial: “Este conflicto ridículo y payasesco es absoluta responsabilidad de la Cámara Federal, de su presidente Abel Sánchez Torres, que no cuida el prestigio del Poder Judicial”.
