El Foro Economía y Trabajo alertó que el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso es “mentiroso, inconsistente e inconstitucional”, y lo enmarcó en un escenario internacional de guerra económica, comercial y tecnológica por el control de recursos estratégicos.
En un documento difundido esta semana, el espacio integrado por economistas, investigadores y exfuncionarios sostuvo que el ajuste previsto en el proyecto viola derechos constitucionales básicos y responde a una estrategia de subordinación al poder financiero internacional, en particular a los intereses de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“El mundo vive una guerra económica, comercial, tecnológica y por el control de recursos naturales estratégicos”, habían advertido desde el Foro en marzo de 2025. Hoy aseguran que ese escenario se profundizó y que las decisiones del gobierno de Javier Milei deben leerse en esa clave.
“Van a venir por nuestros recursos naturales. Por nuestros minerales, por el petróleo, por el agua, por la comida. Para lograr eso nos necesitan débiles”. Juan Domingo Perón, 1974
Según el Foro, ese proceso ya está en marcha.
Un ajuste que vulnera derechos
Entre los principales cuestionamientos, el espacio remarca que el Presupuesto 2026 fue sancionado violando el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera. Pero, además de las irregularidades formales, señalan un problema de fondo: su finalidad.
“El presupuesto tiene como objetivo central un ajuste fenomenal”, afirman. Y detallan sus consecuencias: caída del consumo, destrucción de empleo, cierre de empresas, menor inversión en educación, salud, ciencia, tecnología, previsión social y defensa nacional.
En términos concretos, advierten que la ejecución del presupuesto implica menos ingresos para las familias, menor demanda interna y un deterioro profundo del entramado productivo.
FMI, especulación y concentración
Otro de los puntos críticos es la subordinación del programa económico a compromisos asumidos con el FMI y el gobierno de Estados Unidos, que -según el Foro- benefician a grandes corporaciones nucleadas en la Cámara de Comercio estadounidense (AmCham) y a sectores que se enriquecen mediante la especulación financiera y la concentración de precios.
“Se trata de una minoría que gana con la oligopolización de alimentos, energía e insumos básicos”, denuncian.
En ese marco, cuestionan también la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”, que profundizará la caída de la recaudación, facilitará la evasión y el lavado de dinero, y favorecerá actividades criminales como el narcotráfico.
Inteligencia, represión y control social
El Foro también alertó sobre el DNU 945/2025, que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), elimina controles parlamentarios y habilita mecanismos de espionaje y detención sin orden judicial.
“La SIDE pasa a funcionar como una policía secreta”, advierten, y citan a la CGT, que calificó estas medidas como el complemento represivo de un programa de ajuste que no es sustentable en el tiempo.
Las dos CTA, por su parte, caracterizaron este esquema como una “arquitectura ilegal para la persecución política, sindical y social”.
Entrega de recursos y soberanía
El documento también cuestiona las normas que habilitan la cesión de empresas y recursos estratégicos, y advierte sobre una política exterior que compromete la soberanía nacional, incluyendo el control del Mar Argentino y la situación de las Islas Malvinas.
Para el Foro, estas decisiones no son aisladas, sino parte de un mismo proyecto: desmantelar el Estado, debilitar las capacidades nacionales y entregar áreas clave de la economía.
Un llamado a la unidad
El cierre del texto es político: llaman a construir una unidad con contenido real, basada en un proyecto común que articule a todos los sectores vinculados al interés nacional.
“Antes de que sea demasiado tarde, necesitamos dejar de lado mezquindades y construir una estrategia común para revertir las políticas de entrega y destrucción del entramado socioproductivo”, sostienen.
