La discusión salarial de 2025 sumó un nuevo capítulo con un plenario sindical que reunió a 280 delegados de la UOM, ATE, Aceiteros y SiPreBA. En el encuentro, los dirigentes reclamaron una mejora del Salario Mínimo Vital y Móvil y coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un programa común de la clase trabajadora frente a la crisis económica que atraviesa el país.
El encuentro, encabezado por Daniel Yofra (Aceiteros), Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y Agustín Lecchi (SiPreBA), marcó un posicionamiento clave en medio de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. “Cuando los trabajadores nos unimos, nada puede salir mal. La fuerza la tenemos los trabajadores de este país”, afirmó Yofra, mientras que Furlán advirtió sobre un escenario “muy parecido al de la dictadura” por el proyecto político vigente.
Aguiar, por su parte, sostuvo que el gobierno “no es invencible” y recordó las acciones gremiales que frenaron el cierre de organismos públicos. Subrayó que “si fuimos capaces de frenar la reforma del Estado, ahora tenemos que ir por los salarios”, en referencia a la necesidad de recuperar ingresos frente a la devaluación. Lecchi coincidió en la urgencia de “dar la pelea por un salario digno”, al considerar que sin ingresos justos “es imposible discutir un programa obrero y una patria soberana con inclusión”.
La situación en Córdoba ocupó un lugar central en las intervenciones. El secretario general de ATE y la CTA-A provincial, Federico Giuliani, denunció que en la provincia se vive un “estado de excepción” con represión sistemática a la protesta, blindaje mediático y persecución a dirigentes gremiales. “La represión a la protesta, el silencio de los grandes medios y la persecución a quienes luchan muestran la cara más cruda de un poder que busca disciplinar a los trabajadores”, afirmó.
Giuliani cuestionó directamente al gobierno provincial, al que acusó de sostener prácticas persecutorias y criminalizadoras como respuesta al descontento social. “Es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas de amedrentamiento se refuercen. Ni luchar ni protestar es delito”, sostuvo. Y exigió al “cordobesismo”, que gobierna la provincia hace casi tres décadas, que cese con la persecución política.
El debate en el Club Español puso en evidencia estas tensiones. En una primera mesa se abordó “La criminalización del derecho a la protesta y la restricción al Derecho de Huelga”, con la participación de destacados abogados laboralistas y penalistas como María Paula Lozano, Juan Carlos Capurro y Eugenio Biafore, coordinados por Matías Cremonte. Allí se analizó cómo Córdoba se ha convertido en un laboratorio de políticas restrictivas hacia la organización social y sindical.
Posteriormente, la mesa “La acción sindical frente a la situación de la clase trabajadora” reunió a Giuliani junto a Yofra, Furlán, Aguiar y Lecchi, con la coordinación de Sol Calle. El dirigente cordobés subrayó que “cada vez que los reclamos legítimos se responden con criminalización, se ataca directamente a la democracia sindical”, y ratificó que la CTA-A y ATE Córdoba “seguirán denunciando e interviniendo cada vez que los derechos de los trabajadores sean vulnerados”.
El encuentro culminó con un llamado a fortalecer la unidad sindical en todo el país. Los referentes coincidieron en que la defensa del salario digno y la resistencia al ajuste deben ir de la mano de la lucha contra la represión en las provincias. “El movimiento obrero debe estar unido y en lucha contra el ajuste, la persecución y la pérdida de derechos de los trabajadores”, cerró Giuliani.
Foto: prensa aceiteros
