El secretario general de la CTA y diputado nacional Hugo Yasky salió a confrontar públicamente el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y anunció que el movimiento sindical activará un plan de lucha de alcance federal. Tras la movilización en Córdoba del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), las organizaciones anticiparon nuevas protestas para el 10 de febrero en Rosario y el 11 frente al Congreso Nacional.
“El proyecto de ley presenta un fuerte contenido de revanchismo social”, sostuvo Yasky, quien afirmó que la iniciativa oficial, presentada como “modernización laboral”, “es en realidad una nueva embestida impulsada por los grandes grupos empresarios”.
Desde la mirada del dirigente, la propuesta oficial apunta a modificar pilares centrales del régimen laboral argentino. “Es un compendio de propuestas que busca precarizar el trabajo. Apunta a abaratar los despidos, habilitar persecución sindical y debilitar el derecho de huelga”, explicó. En ese marco, advirtió que la norma permitiría cesantear a activistas gremiales mediante el pago de una penalidad económica: “Eso habilita la discriminación y la caza de brujas dentro de las empresas”.
Otra de las críticas se concentró en la creación de un fondo de asistencia laboral. “Es un engendro parecido a las AFJP que se financiaría con recursos de la seguridad social y facilitaría despedir gratuitamente”, expresó.
Yasky remarcó que uno de los núcleos del proyecto es trasladar las discusiones salariales y laborales al interior de cada empresa, debilitando los convenios colectivos. “Habla claramente del intento de desarticular la fuerza de los sindicatos y llevar la discusión a un ámbito donde el trabajador queda solo frente al empleador”, señaló. También alertó sobre eventuales restricciones a asambleas y medidas de fuerza: “Un obrero repartiendo un volante podría ser acusado de sabotaje”.
Entre los cambios que cuestiona, mencionó la modificación de la jornada laboral y el esquema de horas extras a través del denominado -banco de horas-. “Este proyecto termina con la jornada de ocho horas y pone al trabajador bajo amenaza permanente del despido”, afirmó.
El dirigente rechazó además el argumento oficial que vincula la reforma con la creación de empleo. “Una mentira absoluta. El problema de las pymes no es la indemnización, sino la caída del consumo, la falta de crédito y la competencia de importaciones”, dijo, al tiempo que aludió al cierre de pequeñas empresas en los últimos años.
En paralelo al debate parlamentario, el frente sindical ,que reúne gremios de la CGT y las dos CTA, confirmó que sostendrá la presión en las calles. “La decisión es convocar al paro y a la movilización el día que se trate la ley en el Senado”, aseguró Yasky, quien también descartó apostar a una eventual judicialización de la norma. “Justificar la inacción pensando que la Justicia la va a declarar inconstitucional es inconsistente. Si el movimiento obrero no defiende sus conquistas, después no tendrá derecho a reclamarlas”, planteó.
Hacia el cierre, el titular de la CTA enmarcó la discusión en un escenario social más amplio y advirtió sobre las consecuencias de la iniciativa oficial. “Estamos en la encrucijada de pasar a un país con altísima informalidad o seguir siendo uno donde los trabajadores todavía tienen derechos”.
