La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a encender las alarmas por el impacto que tendría la reforma laboral impulsada por el Gobierno sobre el sistema de obras sociales sindicales. Según denunció la central obrera, el proyecto no solo modifica derechos laborales históricos, sino que amenaza con desfinanciar un esquema de atención médica que hoy garantiza cobertura a millones de trabajadores y sus familias.
El punto más crítico, advierten, es la reducción del aporte patronal destinado a las obras sociales, que pasaría del 6% al 5%. Para la CGT, este recorte no representa un alivio real para las empresas, pero sí un golpe directo a la sostenibilidad del sistema. “Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, remarcaron en un comunicado difundido esta semana.
Desde la conducción sindical explicaron que la baja en los fondos podría traducirse en restricciones concretas para los afiliados: demoras en la asignación de turnos, límites en la cobertura de estudios y tratamientos, reducción en la provisión de medicamentos, menos atención odontológica y un deterioro general del servicio. “No está en juego la caja de los sindicatos, está en riesgo tu acceso a la salud”, insistieron.
Un recorte millonario y riesgo de colapso
El impacto económico de la medida también fue cuantificado por la propia central obrera. Según un informe elaborado por la Secretaría de Acción Social de la CGT, la reducción permanente del aporte patronal implicaría una pérdida anual cercana a los USD 700 millones para las obras sociales sindicales. Ese recorte, sostienen, equivale al 0,1% del PBI.
El documento, que lleva la firma del área conducida por José Luis Lingeri, advierte que el desfinanciamiento no sería un daño colateral sino parte de una orientación política deliberada. “Sin cambios en el texto, el sistema irá a la quiebra”, señala el informe, que también cuestiona otros puntos de la reforma, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, una herramienta clave para sostener aportes y contribuciones.
Además, la CGT alerta que la voluntarización de los aportes y la eliminación de la retención automática por parte del empleador fragmentarían la recaudación y debilitarían el esquema solidario que hoy rige el sistema. Para los sindicatos, esto no solo afectaría a las obras sociales, sino que también erosionaría la capacidad de negociación colectiva.
No hay salud sin trabajo registrado
En su posicionamiento público, la CGT buscó correr el eje de una discusión que, aseguran, el oficialismo intenta presentar como corporativa. “Las obras sociales no se financian con impuestos ni con subsidios del Estado, sino con aportes del trabajo registrado”, remarcaron. Y sintetizaron: “Sin trabajo registrado no hay obras sociales, y sin obras sociales no hay sistema de salud”.
Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el sistema sindical brinda cobertura a millones de personas en todo el país, lo que da dimensión al alcance social del conflicto. Para la CGT, los principales perjudicados por la reforma no serían las organizaciones gremiales, sino las familias trabajadoras que dependen de ese esquema para acceder a atención médica.
En paralelo, la central intensificó las negociaciones informales con funcionarios del gobierno de Javier Milei para intentar modificar los artículos que considera “inaceptables”. Mientras el Senado se prepara para retomar el debate, la conducción sindical dejó en claro que su prioridad es preservar el financiamiento del sistema.
“La salud es un derecho humano”, subrayaron. Y anticiparon que darán pelea para sostener un modelo que, más allá de las disputas políticas, garantiza atención médica a millones de personas en todo el país.
