La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro encendió la alarma por una grave situación de violencia laboral y hostigamiento institucional en el Hospital Área Programa de Choele Choel. El sindicato acompañó una denuncia formal presentada por trabajadoras sociales del Servicio de Trabajo Social, quienes acusan a la Dirección del hospital, al área de Recursos Humanos y a distintas jefaturas de ejercer abuso de autoridad, persecución administrativa y violencia psicológica y emocional.
Según relataron las denunciantes, el hostigamiento es sistemático y se expresa en múltiples formas: estigmatización, sobrecarga de tareas, coacciones y ataques injustificados que se sostienen en el tiempo sin que exista ninguna intervención efectiva por parte de las autoridades. Lejos de frenar estas prácticas, aseguran que la inacción institucional termina validando el clima de violencia y profundizando la vulnerabilidad de quienes trabajan en el servicio.
“Nos preocupa profundamente la situación de las compañeras, que viven reiteradas situaciones de violencia sin que haya ningún tipo de reacción por parte de las autoridades para detener estos abusos”, sostuvo Mariela Rodríguez, secretaria general de ATE Valle Medio. En ese sentido, el gremio reclamó la intervención urgente del Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, la Junta de Disciplina y la Secretaría de Género.
Desde el sindicato advierten que, mientras el conflicto se agrava, todo el peso operativo del servicio recae exclusivamente sobre las trabajadoras sociales, quienes deben sostener la creciente demanda de atención y garantizar el acceso de la comunidad a las prestaciones en condiciones cada vez más hostiles. “No sólo enfrentan una carga laboral desmedida, sino que además son sometidas a un hostigamiento constante”, señalaron.
ATE exigió una serie de medidas inmediatas: apertura de investigaciones administrativas, cese de los actos de violencia y persecución, protección laboral para las denunciantes, aplicación de capacitaciones en el marco de la Ley Micaela a los funcionarios involucrados, anulación de actuaciones disciplinarias infundadas y resguardo pleno de los derechos de las trabajadoras.
El caso vuelve a poner en evidencia una problemática extendida en el sistema público: la violencia laboral y la falta de respuestas institucionales frente a denuncias concretas. Desde ATE insisten en que no se trata de conflictos individuales, sino de prácticas estructurales que deben ser abordadas con urgencia para garantizar condiciones de trabajo dignas y libres de violencia.
Imagen: prensa ATE
