En las úlimas semanas circuló fuerte en Córdoba la versión acerca de que el Tribunal Superior de Córdoba (TSJ) avanzará en la creación de un Cuerpo Médico Forense (CMF) de intervención obligatoria en todos los juicios laborales en el ámbito provincial; lo que generó el rechazo de abogados laboralistas que denuncian su inconstitucionalidad por ser violatoria de la Ley de Procedimiento Laboral.
La abogada Leticia Celli señaló que “esta avanzada para crear de facto, por una acordada un cuerpo forense para el ámbito del fuero laboral se da en el marco de que el Tribunal Superior de Justicia está con la motosierra en mano desde antes de que asumiera (Javier) Milei. En Córdoba se viene aplicando una lógica de recorte de todo tipo de derecho a los trabajadores, con fallos nefastos, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con intereses, dos fallos, ‘Serén’ y ‘Romero’, este último sobre las responsabilidades de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y el pago de intereses completamente irrisorios; por caso, en el fallo ‘Romero’ fija unos intereses insignificantes, que no existen”.
En noviembre del año pasado, el Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas (CAAL) de Córdoba había realizado una presentación contra los fallos ‘Serén’ y ‘Romero’ porque “ambos fallos perjudican a los/as más vulnerables de las relaciones de trabajo, desconocen los Derechos Humanos Laborales y cercena derechos irrenunciables y alimentarios de los/as trabajadores/as”.
El Círculo denunciaba hace seis meses que “en un juicio ordinario que dura promedio seis años se pierde el 180% del crédito laboral, es decir, se termina pagando al trabajador un tercio de lo que debería abonarse; si se aplica el fallo ‘Romero’ es aún más perjudicial para el trabajador que llega a cobrar apenas un 25% tras cinco años de juicio”.
Sobre esta embestida del TSJ contra los derechos laborales, la abogada Celli le dijo a Mayo!: “Lo que quieren es que no haya más juicios laborales por accidentes o enfermedades, o que se disminuya la cantidad, las ART vienen presionando en ese sentido; de hecho, en mayo pasado vino a Córdoba la presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, se reunó con las autoridades del Poder Judicial, hubo un fuerte lobby en los medios de comunicación denunciando una supuesta industria del juicio, lo cuál es una gran mentira; nosotros en el Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas de Córdoba realizamos una encuesta entre más de 70 colegas y no subió la cantidad de juicios por enfermedades o accidentes”.
Esta abogada cordobesa agregó que “con esa lógica quieren sacar a los peritos que en la actualidad son designados por sorteo en los juicios, hay una lista oficial, y uno lleva a su perito de parte para defender el certificado. Si bien los peritos en su gran mayoría vienen reconociendo poco y nada de los reclamos, teníamos como un variopinto; y la lógica ahora, con la fuerte presión de las ART, es que no haya más listado de peritos médicos sino que todo vaya al Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial, que es una logia armada por ellos donde directamente dan cero porcentaje a todo tipo de incapacidad laboral. Al Cuerpo Médico Forense nosotros hasta hoy lo teníamos como última instancia en los juicios laborales, cuando había dudas sobre la pericia que no se habían saldado; entonces el juez podía ordenar a que resolviera el Cuerpo Médico Forense y todos sabíamos que ya eso era la guillotina”.
“Un claro sentido antiobrero”
Por su parte, Carlos Vicente, abogado laboralista y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) opinó que “este proyecto del Tribunal Superior de Córdoba de establecer que el Cuerpo Médico Forense intervenga en forma obligatoria en todos los juicios laborales, es una disposición, en primer lugar, de carácter inconstitucional, y en segundo lugar, tiene un claro sentido antiobrero y de beneficio de las aseguradoras de riesgo del trabajo”.
Vicente aseguró que “es inconstitucional y vulnera básicamente derechos de los trabajadores; pro se abre un interrogante ¿por qué en todos los fueros como el fuero Civil o el fuero de Familia, los ciudadanos tienen derecho por las leyes procesales correspondientes a que en caso de requerirse un estudio médico o una pericia médica o de un profesional de la salud ésta deba realizarse por un perito sorteado de la lista oficial por el juez que lo designa? Y en el caso de los trabajadores, se pretende realizar esta especie de apartheid donde se los priva de derechos como si fueran ciudadanos de segunda o más claramente como si no fueran ciudadanos y por lo tanto se los priva de sus derechos y del principio de igualdad que establece la Constitución”.
La principal objeción que le hacen los abogados laboralistas a esta norma que quiere imponer el TSJ a través de su presidente, el operador schiarettista Luis Angulo es que actualmentela Ley de Procedimiento Laboral establece que en los juicios que se requieranestudios médicos, pericias médicas, estos se deben realizar a través de un peritodesignado por el juez mediante un sorteo. Angulo, arquitecto de esta reforma judicial-empresaria, fue secretario de Trabajo de Córdoba en el primer gobierno de José de la Sota, entre 1999 y 2004, participó como representante argentino en la 89ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, en 2001; luego durante el primer y el tercer gobierno de Juan Schiaretti fue ministro de Justicia, entre 2007 y 2011; y 2015 y 2018.
“La Constitución es clara, a los ciudadanos les rige el principio de igualdad; esta es una garantía fundamental de imparcialidad, de neutralidad del perito que se designe, al mismo tiempo que la lista de peritos sobre la cual se realiza el sorteo es una lista previamente conformada donde para acceder a la misma los médicos o los profesionales de la salud deben acreditar sus méritos, títulos y antecedentes para poder integrar esa lista de peritos médicos o peritos psiquiatras. Eso garantiza, junto con la neutralidad, un nivel profesional, un nivel técnico profesional acorde a la tarea que tienen que realizar. Como esto está establecido en una ley provincial, que es la Ley de Procedimiento del Trabajo, la única manera de modificar la ley es a través de otra ley de la Legislatura de Córdoba. De ninguna manera el Superior Tribunal de Justicia puede, a través de una acordada, modificar una ley”, detalló Carlos Vicente.
Y advirtió: “Esto sería absolutamente inconstitucional y más grave todavía, porque lo haría el órgano que la misma Constitución provincial establece como el órgano que declara o que establece la constitucionalidad o no de las leyes, lo cuál es un hecho gravísimo. Por otra parte, sería una cuestión claramente que vulneraría los derechos de los trabajadores porque de la experiencia de muchos años, en que este Cuerpo Médico Forense ha sido formado y existe, y está funcionando y al cual se le han asignado por parte de muchos Juzgados laborales y Cámaras laborales se le han asignado la realización de pericias médicas, por la práctica de los abogados que hacemos Derecho del Trabajo, podemos decir que casi en forma invariable, estas pericias dan 0% de incapacidad o que las enfermedades que se reclaman no tienen origen en el trabajo y por lo tanto no son enfermedades profesionales ni enfermedades laborales”.
Vicente coincidió con Celli en que “hay una avanzada conservadora, pro patronal y pro Aseguradoras de Riesgo del Trabajo que publicita porcentajes de litigiosidad en materia de enfermedades profesionales y accidentes laborales que evidentemente no refleja en lo más mínimo la realidad de las demandas y reclamos que se presentan en el Poder Judicial. Hay incluso un estudio del Círculo de Abogados Laboralistas del Observatorio Laboral que establece que en un porcentaje altísimo del 90% estas pericias son contrarias al reclamo del trabajador, y en el 94% disienten o son contrarias a estudios o pericias médicas realizadas por médicos neutrales previamente a estas pericias que realiza el Cuerpo Médico Forense. Esta es la razón, y no otra, que este Superior Tribunal claramente dependiente del Gobierno de Córdoba y de su carácter marcadamente afín al gobierno de la derecha de Milei es que esté pretendiendo establecer la obligatoriedad de la participación de este Cuerpo Médico Forense”.
“Es necesaria una reforma legislativa”
Matías Diplotti es otro abogado laboralista que puso la lupa sobre la intención del TSJ de crear un cuerpo de forenses laboralistas: “La provincia de Córdoba se adhirió a la Ley de Riesgos de Trabajo, la 27.348 y en esa adhesión nadie dijo nada del Cuerpo de Medicina Forense y estaba, con lo cual hay una obligación digamos de la Provincia de alguna manera cumplimentar. El problema es el cómo, porque lo que se está tratando es de meter un Cuerpo de Medicina Forense para cumplir esa ley de adhesión de la Provincia, sin reformar el Código Procesal Laboral, que establece el listado de peritos por sorteo. Con lo cual se está metiendo una modificación legislativa a través de una acordada sobre laimplementación de un cuerpo de medicina forense que, insisto, está en la Ley de adhesión, o seaeso no se puede obviar, pero requiere una reforma legislativa”.
Al igual que sus colegas del foro laboral Leticia Celli y Carlos Vicente, Diplotti advierte sobre la imparcialidad del cuerpo forense impulsado por el TSJ: “En principio hay mucho recelo y mucha cuestión con los vínculos que puedan tener los médicos que conformen ese Cuerpo de Medicina Forense, porque ya ha funcionado en otras provincias como en Salta y en Mendoza, donde la manera de bajar la litigiosidad es que ese cuerpo empiece a dar este 0% de incapacidad. ¿Y cómo ocurre eso? Hay mucho recelo con que lleguen médicos con vínculos previos con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo o con las compañías de seguros y que no sea una prueba justa e imparcial como es en la actualidad, sino que de alguna manera incline la balanza de la Justicia hacia una de las partes. En la actualidad cualquier médico se puede anotar en una lista y sale sorteado por sintema informático y te puede tocar un gran perito, un gran perito que sepa muchísimo, como uno con menor formación. Es un sorteo loso y llano y están las reglas procesales para todos. Más o menos es esa la línea en general, esta cuestión procesal y esta otra cuestión de la imparcialidad de la prueba y de una prueba justa”.
Para Diplotti no es ajeno el contexto social y político en el país y en Córdoba, y particularmente en el Poder Judicial: “El conflicto que están teniendo los empleados judiciales con el tema de sus salarios, en general con el achatamiento de los sueldos que hay a nivel país y sobre todo a nivel estatal, donde las paritarias están muy pisadas; la erogación de recursos en la instauración de un Cuerpo de Medicina Forense, donde el médico es personal súper calificado, donde van a hacer sueldos altos y no menos de 20 a 30 personas, quizás en la partida del Estado no sea mucho, pero en el contexto, políticamente es llamativo que salgan a mostrar que van a contratar más personal jerárquico, en un contexto donde no pueden terminar de cerrar los números para que los empleados judiciales estén contentos de alguna manera con sus haberes”.
Fuerte crítica del Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas
Desde el Círculo de Abogados y Abogadas Laboralistas también expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por el TSJ y solicitaron la conformación de una mesa de diálogo con los poderes del Estado, Judicial, Ejecutivo y Legislativo, organizaciones gremiales, colegios profesionales y organismos de Derechos Humanos.
En declaraciones a Comercio y Justicia, el dirigente del CAAL de Córdoba, Luciano Ciaravino, opinó: “Si el TSJ aprueba por acordada la creación de un cuerpo médico forense sin pasar por la Legislatura, será un acto inconstitucional. Se está intentando modificar una norma de carácter procesal por fuera de los canales legales”.
Y denunció que la iniciativa impulsada por Luis Angulo responde a un pedido expreso de las aseguradoras, “con la excusa de que ha aumentado la litigiosidad, algo que es completamente falso”. Ciaravino afirmó que lo que verdaderamente se busca es evitar el sorteo de peritos independientes y concentrar los dictámenes médicos en un único organismo que, según denuncian, falla sistemáticamente en favor de las ART.
El Observatorio de Derechos Laborales del CAAL elaboró un informe basado en la experiencia de más de 60 abogadas y abogados laboralistas de la provincia, donde el 90,8% de los consultados intervino como representante legal en juicios donde también intervinieron peritos del CMF; y de ese universo, “el 89,8% advirtió que los dictámenes del organismo resultan generalmente desfavorables al trabajador, y el 94,9% detectó contradicciones con pericias previas elaboradas por peritos sorteados. Además, el 93,2% de los profesionales indicó que estos dictámenes fueron clave en sentencias judiciales adversas para sus representados”, informó Comercio y Justicia.
Ciaravino sostuvo que “los encuestados coincidieron en señalar que los informes del CMF suelen carecer de claridad técnica, están redactados con lenguaje excesivamente médico, omiten pruebas documentales relevantes y, en muchos casos, ni siquiera analizan las historias clínicas”; además se denunciaron demoras estructurales, trato despersonalizado hacia los trabajadores y ausencia de especialización en medicina del trabajo.
“No se puede construir una justicia más eficiente eliminando garantías. Lo que está en juego es el derecho de los trabajadores a una reparación justa y a un juicio imparcial”, concluyó Ciaravino.
1Ago25
